Sistema Nacional de Fiscalización
INTRODUCCIÓN.
El
27 de mayo de 2015 se reforma el artículo 113 Constitucional, donde se da
origen al Sistema Nacional Anticorrupción, para la prevención, detección y
sanción para responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como
el control y fiscalización de los recursos públicos.
Es
de suma importancia que se realice la fiscalización de los recursos para evitar
la corrupción en el sector público y hacer buen uso del ejercicio del
presupuesto. Es un modo de vigilar el uso y gasto de los recursos federales,
para lo cual la Cámara de Diputados asigna a la Auditoría Superior de la
Federación para tareas de monitoreo y auditoría.
Además
de fiscalizar y realizar auditorías del ejercicio del gasto público, recibe
denuncias por parte de la sociedad civil e investiga faltas administrativas
para denunciar hechos de corrupción.
Así,
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, define al Sistema Nacional
de Fiscalización como un conjunto de mecanismos de auditoría gubernamental en
los tres niveles de gobierno para fiscalizar los recursos públicos.
El
Sistema Nacional de Fiscalización se integra por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), las entidades de
fiscalización superiores locales (EFSL) y las secretarías o instancias homólogas
encargadas del control interno de las entidades federativas (OEC).
Para
comprender mejor el sistema de fiscalización, en el siguiente mapa conceptual
se muestran los actores del SNF, sus instrumentos, funciones y competencias de
las entidades federativas en materia de recaudación fiscal.
EL SISTEMA NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN.
Tomada de
SNF
El
Sistema Nacional de Fiscalización se reconoce como un subsistema consolidado
con aquellas entidades que coadyuven en la rendición de cuentas, para vigilar
los procesos de control y fiscalización
en los tres órdenes de gobierno.
Este
sistema de fiscalización surge en 2010 y es un eje pilar en el Sistema Nacional
Anticorrupción (Cámara de Diputados, 2015). Así, las acciones emprendidas por
el Estado, para prevenir y sancionar la corrupción no se realizan de forma aislada, sino por medio de
un sistema integral articulado que permita prevenir y sancionar las
responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, ya sea por el
ejercicio indebido de los recursos públicos o por el incumplimiento de
responsabilidades públicas que no se relacionen necesariamente con la hacienda
pública.
El
Sistema Nacional de Fiscalización busca la coordinación entre los órganos
gubernamentales de fiscalización de México que permita garantizar a la
ciudadanía la revisión del uso de los recursos públicos de manera sistemática e
integral, por medio de auditorías.
Los
objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización es impulsar el cumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la transparencia y acceso a la
información pública, impulsar la participación social en la gestión,
seguimiento y vigilancia de los recursos federales transferidos, para lo cual
cuenta con un Comité Rector y cinco grupos de trabajo (sobre normas
profesionales, jurídico consultivo, control interno, contabilidad
gubernamental, participación social y vigilancia del gasto público).
El
siguiente mapa conceptual muestra los instrumentos utilizados para la
recaudación de impuestos y el ejercicio del gasto público en los diferentes
niveles de gobierno, así como sus funciones y competencias de las instancias
recaudadoras.
Mapa Conceptual.
Elaboración
Propia con información de https://www.elcontribuyente.mx/2019/07/que-es-una-autoridad-fiscal/, http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1705/Recaudacion_Fiscal.pdf?sequence=1&isAllowed=y, http://salt.com.mx/post/1621/organismos-con-facultad-recaudadora
Fórmulas locales para la distribución de las
participaciones a municipios.
Los
Estados y los Municipios tienen muchas deficiencias en su administración
tributaria, y sus bajos niveles de recaudación los obliga a depender de las
transferencias federales. Más o menos el 80% de sus ingresos provienen de
transferencias (Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la
República, 2003).
Existen fórmulas locales para la distribución de participaciones a
los municipios. En el caso del Estado de México los criterios de distribución
de los excedentes es un 70% en proporción directa al número de habitantes y un
30% en proporción a la recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua
potable y Drenaje del Municipio.
Para la recaudación Estatal Participable los municipios reciben la
misma cantidad del año anterior, actualizada con la inflación de la siguiente
manera: FGP un 20%, FFM un 100%, ISAN un 50%, IEPS un 20% y de Tenencia un 20%.
En cuanto al IEPS de gasolina y diésel, el 70% es en proporción
directa al número de habitantes y el 30% se distribuye en partes iguales entre
todos los municipios.
En cuanto al Fondo de Fiscalización FOFIE, le corresponde un 50% y
cuya distribución se realiza en base a la recaudación de cada municipio.
Gestión por competencias.
Los
representantes de los poderes públicos deben someterse a evaluaciones de
desempeño para dar a conocer posteriormente los resultados a los ciudadanos. El
OSFEM, Órgano Superior de Fiscalización en el Estado de México, promueve que la
gestión pública se haga con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Para ello se realiza una evaluación programas y proyectos
presupuestarios, es decir, una evaluación programática y una evaluación de desempeño.
De
esta manera se compara el informe de la cuenta pública con lo que se reporta en
el programa anual el cierre del ejercicio fiscal, para verificar la
correspondencia de todas las actividades realizadas, así como el cumplimiento
de sus metas y objetivos, con las correspondientes variaciones del presupuesto
que se les autorizó, el presupuesto final y el presupuesto ejercido.
En
ese proceso de evaluación y auditoría, es importante que se siga un modelo de
gestión por competencias, que incluyen habilidades y conductas, tanto
profesionales como personales para desarrollar el trabajo de servidor público
de la Auditoría Superior.
La
profesionalización del servidor público es muy importante para poder llevar a
cabo exitosamente su actividad laboral, de tal manera que se pueda potenciar el
desarrollo personal y profesional de los servidores públicos, mejorar la
gestión administrativa, incrementar la calidad de los servicios, hacer
eficiente el servicio público, manejar los recursos con transparencia, ofrecer servicios
de calidad y sobre todo, satisfacer las necesidades y demandas.
Esta
profesionalización en el servidor público se logra mediante la certificación de
competencia laboral. En el Estado de México se ofrece la certificación de
servidores públicos en:
·
Administración
de la Hacienda Pública Municipal
·
Registro y
Valuación Catastral de Inmuebles
·
Realización
de actos de Fiscalización a contribuyentes
·
Funciones de
la Secretaría del Ayuntamiento
·
Gerencia
Pública Municipal
·
Funciones de
la Sindicatura Municipal
·
Funciones de
la Contraloría Municipal
·
Funciones de
la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación
·
Construcción
y Mantenimiento de la Infraestructura Pública Municipal
·
Funciones de
Desarrollo Económico del Estado de México
·
Dirección de
Organismos Operadores de Agua
Es
de suma importancia que los servidores públicos cuenten con un perfil para el
cargo que aspiran y que tengan la preparación suficiente para desempeñar el
cargo. Realmente son muy pocas las entidades que realizan la gestión por
competencias para asumir cargos públicos, considero que la mayoría de los
servidores públicos no tienen la preparación suficiente para desempeñar el
cargo, lo cual lleva a una mala planeación e implementación de las políticas
públicas y proyectos, que se ve reflejado en el valor público de la
institución.
CONCLUSIONES.
A
pesar de la integración de un Sistema Nacional de Fiscalización que unifique
esfuerzos en todos los niveles de gobierno para observar cuidadosamente la
gestión gubernamental y el adecuado uso de los recursos públicos, no existe una
adecuada rendición de cuentas en el país, ya que no se puede tener una
vigilancia constante y adecuada sobre el desempeño de las entidades públicas.
Lo
que impide dar un panorama suficiente y adecuado de la situación real de la
gestión pública, es que a pesar de tener un amplio volumen de órganos de vigilancia, falta que exista
verdadera coordinación y que se actué bajo métodos y objetivos comunes.
A
pesar de todos los esfuerzos por vigilar el uso de los recursos públicos tanto
federales, estatales, como municipales, la rendición de cuentas se hace con
opacidad y discrecionalidad, siguiendo así los acostumbrados manejos corruptos.
A
pesar de la lucha contra la corrupción bajo mandatos y marcos legales, no se
han tomado acciones concretas para buscar mejorar la situación.
Es
necesario que se generen condiciones más efectivas y con mayor alcance para que
se lleven a cabo labores de revisión y fiscalización que eviten duplicidades,
omisiones o contradicciones en la información de la cuenta pública de las
entidades gubernamentales.
Es
importante y urge que se sancionen severamente las faltas administrativas y
actos de corrupción de las entidades públicas en el ejercicio del gasto, que
las labores de fiscalización sean más rigurosas y minuciosas y que el control
de los recursos públicos sea más rígido, para evitar la impunidad y el abuso
excesivo y mal manejo del erario público.
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