Marco de actuación de los servidores públicos
MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
A partir del 18 de julio del
2017 la ley Federal de Responsabilidades Administrativas es la nueva ley que va
a regir todo lo relativo a las sanciones por las conductas de los servidores
públicos en su actuación, a fin de salvaguardar los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
Esta ley clasifica las
faltas en graves y no graves, y las sanciones van desde una inhabilitación,
amonestación, una suspensión temporal del cargo, empleo o comisión o sanción
económica si se acredita un perjuicio.
Hay una delgada línea de las
autoridades para sancionar las irregularidades y arbitrariedades de los
servidores públicos realmente graves y por el contrario hay funcionarios que
están sancionados por faltas simples o que han sido sancionadas fuera de su
horario del servicio.
Como bien lo refiere Antonio
Pérez (2015) la Responsabilidad Funcional
constituye un conjunto de consecuencias y medidas que pueden darse por acciones
u omisiones indebidas o ilegales realizadas en el ejercicio de una función
pública, cuando se ocasiona daños o perjuicios a terceros o a la propia
entidad, por lo que deben ser investigados y sancionados oportuna y
adecuadamente.
El no hacer, genera mucha
responsabilidad en la función pública, pues se está obligado a hacer lo que la
ley demanda.
La responsabilidad política
y ética será el motivo de reflexión en el presente trabajo en torno al
Presidente de la República recién entrado en funciones a finales del año
anterior, que durante su campaña hizo la propuesta de ejercer justicia ante
servidores corruptos y realizarles un juicio en caso de encontrarles
responsables. Y a pesar de conocer fraudes, nombres de los responsables, no
quiere abrir investigaciones ni dar a conocer las pruebas de casos como el
fraude del aeropuerto, los fraudes de los gobernadores de Campeche y Chiapas y
el más reciente y sonado: caso Romero Deschamps responsable del huachicol o
robo clandestino de combustible.
CINISMO MÁS
IMPUNIDAD: EL CASO ROMERO DESCHAMPS.
El Movimiento Petroleros
Activos en Evolución presenta ante la SEIDO pruebas en contra del líder
petrolero, Carlos Romero Deschamps, para acreditar su probable responsabilidad
en delitos de delincuencia organizada,
operación con recursos ilícitos, evasión y defraudación fiscal, y
enriquecimiento ilícito.
Se le acusa del desfalco de 150 millones de dólares, de
despojo de propiedades del sindicato
petrolero, tiendas de conveniencia y 60 mil hectáreas de ganadería.
La pasada administración del
Presidente Enrique Peña Nieto fue omisa en darle seguimiento al caso y apostó
por la dilación o retraso al proceso. Por lo que se ha pedido al Presidente
Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República su
intervención en el caso para que se pueda proceder en contra de Deschamps,
quien ha evadido la justicia y ha
podido mantenerse en la impunidad.
El artículo 109 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de las sanciones a
los delitos de corrupción que los servidores públicos cometan en el
cumplimiento de sus responsabilidades y que deben ser analizados por El Sistema
Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detención y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción , así como la fiscalización y control de
recursos públicos.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, en su título segundo, capítulo I, de acuerdo a los principios que
rigen la administración pública, artículo 8, fracción III, que a la letra dice:
“Utilizar los recursos que tenga
asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están efectos”. Nos
muestra claramente la falta de cumplimiento a la ley, y la cual hasta ahora no
ha sido castigada.
De igual manera en la
fracción XIII, que a la letra dice: “Desempeñar
su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios
adicionales a las contra prestaciones comprobables que el Estado le otorga por
el desempeño de su función, sean para él, para familiares u otros negocios”. Una
muestra del incumplimiento de sus obligaciones como servidor público.
Desde hace dos años ya se
habían presentado varias denuncias y nada ocurrió, no hubo indagatorias ni
órdenes de aprensión en contra de él ni de los demás involucrados, a pesar de
que hay suficientes elementos probatorios para vincularlo a proceso.
Por lo que se espera que las
acciones de la nueva administración sean la señal clara de que efectivamente se
combate la corrupción en México y se castigarán a los responsables. Aunque
siendo honestos, los recientes acontecimientos del ya famoso Huachicoleo en
varias zonas del país nos muestra la realidad de la corrupción tan grande que
hay en México y la grave impunidad al otorgar la suspensión definitiva a Carlos
Romero contra cualquier orden de aprehensión en su contra, por parte del Juez
Primero de Distrito con sede en Naucalpan, Aurelio Damián Magaña.
Risiblemente el juzgado sólo
impuso una garantía de 10 mil pesos, cuando Deschamps llevaba ya 40 años en el
Huachicoleo en complicidad plena de las autoridades como lo refiere el
periodista Raúl Olmos en vía telefónica con Carmen Aristegui, cuyo expediente
ya ha sido recabado por la Dirección General de Seguridad.
Lo que nos indica el grado
de impunidad que cubrían a Romero Deschamps desde Salinas de Gortari hasta Peña
Nieto, quien como bien sabemos fue Senador de la República, Diputado Federal y
líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y por
si fuera poco, tenía fuero y era protegido por la misma Dirección General de la
Seguridad.
Casos así, quitan todo deseo
a los ciudadanos o demás servidores públicos de denunciar. Y sabemos que
actividades ilícitas como el Huachicoleo o robo clandestino de combustibles,
traen graves consecuencias económicas y desabasto, como lo padecimos en semanas
pasadas.
Si bien es cierto que el
robo de combustibles no merece perdón pero sí justicia, también es cierto que
se comete injusticia la reacción de no realizar contratación alguna con la
gente del sindicato de Romero Deschamps. Pues como lo marca la ley laboral y la
misma Constitución: “ningún sindicato
tiene la personalidad jurídica para trabar relaciones obrero-patronales con su
empresa”.
Mucho menos cuando se
enfrenta a una situación de facto o por hechos de un grupo que ha usufructuado
por casi un tercio de siglo las instalaciones y la estructura de la empresa
productiva y estatal, hoy en predicamento y quiebra.
De un solo golpe la nueva
administración ha puesto freno a una corrupción sin límite de ese grupo en el
ámbito del robo de combustible, de la administración de los ductos, gasoductos
y oleoductos de la empresa petrolera, en la distribución del gas doméstico y en
la subasta de los contratos laborales.
Como todo cáncer político
debe ser tratado con previsión y control de daños. Este acto de corrupción tan
grande representa una madeja gigante donde están involucrados todos los
personajes políticos que se puedan imaginar, en lo que ha sido un desfalco
monumental y antinacional que merece todo el castigo de las leyes.
CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas la Reforma
Fiscal, que por cierto beneficiaba a los poderosos, ha venido a destapar las
acciones de traición a la patria. El país ha sido el que ha venido a pagar
todos los costos de todos los abusos de las 30 familias dueñas del poder en
México.
Es cierto que los extremos
se tocan, pero hoy México se está uniendo para denunciar y acabar con la
corrupción a todas luces inaceptable. Los episodios nacionales que hoy estamos
viviendo, la resistencia del pueblo a perdonar los gravísimos delitos que
lastiman a la patria como es el robo de combustible y el tráfico impune de las
importaciones de hidrocarburos que nosotros deberíamos de producir y refinar,
sólo encuentran su explicación en un artero atraco a la Nación.
Es importante que todo
servidor público esté comprometido con los objetivos superiores de la Nación.
Deben acabarse los tiempos de desinformación e ignorancia. Como ciudadanos
también es nuestra responsabilidad reportar anomalías.
Todos los servidores
públicos deben de acatar la normatividad que regula su actuación, pero sobre
todo, aquellas donde señalan la forma, espacio, tiempos y límites en que los
servidores públicos deben desempeñar sus funciones, de acuerdo al esquema de
leyes, acuerdos y códigos obligatorios, impuestos por los órganos y autoridades
competentes.
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de marzo de 2019, de Índice Político Sitio web: http://indicepolitico.com/cinismo-mas-impunidad-el-caso-romero-deschamps/
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