Normas sobre las responsabilidades administrativas y jurídicas en el Sector Público
INTRODUCCIÓN
Los
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones deben conducirse bajo
principios y normas establecidos en marcos normativos. Estas leyes regulan las
responsabilidades que tienen para cumplir las tareas que les han sido
encomendadas conforme a su cargo, para que puedan cumplir conforme a derecho y
a las normas establecidas en las leyes.
Es
importante que los servidores públicos den cumplimiento a las normativas
aplicables, al código de conducta y realizar de manera eficiente sus funciones
bajo principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
para evitar sanciones o responsabilidades administrativas.
Cuando
un servidor público comete omisiones o actos que están fuera de la ley, debe
responder por ellos, por lo que se le sanciona de manera interna y
administrativa. Estas sanciones pueden ir desde una multa, suspensión de sus
labores o la destitución del cargo.
Como
futuros profesionistas es de suma importancia conocer las leyes que regulan las
responsabilidades administrativas cometidas por los servidores públicos y cómo
es que se aplican.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
JURÍDICAS EN EL SECTOR PÚBLICO.
Un
servidor público es aquella persona que ocupa un cargo público y brinda un
servicio de utilidad a la sociedad, tal como lo indica UNADM (s.f.) con la finalidad de satisfacer necesidades en
las instituciones y organismos gubernamentales en temas de seguridad,
educación, salud.
La
CPEUM, en su Título Cuarto, artículo 108, define al servidor público como el
representante de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la
Federación, funcionarios y empleados, así como a aquellas personas que desempeñan
un cargo, comisión o empleo dentro de la Administración Pública.
Tal
como lo refiere la UNAM (2013, p. 64) el concepto de funcionario público fue
sustituido por el de servidor público para toda persona que desempeña un empleo
cargo o comisión cualquiera que sea su naturaleza en servicio del Estado.
El
Código Penal Federal, en su artículo 212, define al servidor público como
aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada, Distrito Federal
(ahora Ciudad de México), de los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal, fideicomisos públicos, Órganos Autónomos, etc. que
manejen recursos económicos federales.
Existen
normas que regulan el actuar de los servidores públicos, las obligaciones que
tienen, así como las sanciones aplicables. Este marco normativo parte desde la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde en sus artículos
108 al 113 se establece la definición de servidor público, así como sus
responsabilidades y lo que es el servicio público.
En
la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establecen las faltas
graves y no graves de los servidores públicos, así como las obligaciones,
sanciones y los procedimientos que se aplican a nivel federal y local.
La
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula las sanciones
para los servidores públicos federales.
El
Código de Ética y Conducta, aunque son normas internas de cada dependencia,
rigen el comportamiento, principios y valores de los servidores públicos, para
que puedan dirigir su actuar bajo los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, transparencia e integridad.
Tal
como lo refiere Fierro (2017, p.35), un servidor público significa servir a lo
público y por lo tanto, debe actuar de manera responsable. Cuando faltan a sus
responsabilidades están sujetos a sanciones tanto administrativas como penales
como resultado de faltar a las normas.
El
artículo 109, apartado III, determina las sanciones administrativas de los
servidores públicos consistentes en amonestación, suspensión, destitución e
inhabilitación. Cuando las faltas administrativas son graves, su investigación
estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos
de Control, por lo que las sanciones penales para los servidores públicos a
nivel federal se aplican conforme al Código Penal Federal.
En
los artículos 212 a 224 se establecen las sanciones por los delitos cometidos
que van desde multas económicas, inhabilitación, destitución y prisión.
Las
faltas administrativas no graves cometidas por los servidores públicos por
acciones de omisión o incumplimiento de sus obligaciones o falta a la norma
interna, se encuentran establecidas en el Título Tercero, Capítulo I, artículo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo es el
incumplimiento de funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; uso
indebido de recursos para uso personal de manera constante y negligencia en el
registro de documentación e información que está bajo su responsabilidad.
Por
lo que se impondrán sanciones de amonestación pública o privada, suspensión o
destitución de empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal conforme al
Título Cuarto Capítulo I de la LGRA.
Las
faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos que se
encuentran establecidas en el Título Tercero, Capítulo II, artículo 51 a 63, de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas como lo es el cohecho
artículo 51 y artículo 222 del CPF, consistente en recibir beneficios
económicos u otro a cambio de hacer o dejar de hacer un acto propio de sus
funciones inherentes a su cargo o comisión. Así miso, el peculado que se
encuentra estipulado en el artículo 223 del CPF y en el artículo 53 de la LGRA,
consistente en usar recursos públicos en beneficio de un particular. Por último,
el ejercicio abusivo de funciones, establecido en el artículo 220 del CPF y
artículo 57 de la LGRA, consistente en utilizar su cargo, comisión o función
para obtener beneficios para sí o para otras personas como contratos,
concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, etc.
Algunos
delitos por actos de corrupción más cometidos por los servidores públicos y que
se encuentran estipulados en el Código Penal Federal son: ejercicio ilícito de
servicio público que consiste en ejercer funciones sin haber tomado posesión
legítima del cargo o comisión y se encuentra estipulado en el artículo 214. Así
mismo el artículo 215 establece que un servidor público comete el delito de
abuso de autoridad cuando impida la ejecución de una ley o cobro de un impuesto
utilizando la fuerza pública para realizar el acto. Por último, el artículo 218
establece el delito de concusión, el cual consiste en que se exija un pago
mayor al establecido por ley para un impuesto, contribución, renta o salario.
CONCLUSIONES
El marco
normativo que regula el actuar de los servidores públicos para controlar su
comportamiento y fincar responsabilidades cuando se está afectando la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del ejercicio
de los recursos públicos.
Como
futuros profesionistas es muy importante conocer las responsabilidades y
obligaciones que como servidores públicos se deben cumplir conforme a leyes,
reglamentos y demás normativas que rigen el actuar de la Administración
Pública.
Toda
irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y
corrupción. La corrupción en México y los altos índices de impunidad, no sólo
es un gran desafío que se enfrenta en la actualidad, es un problema estructural
que está frenando el desarrollo económico en México, pero también en lo
político y social.
Este
problema que tanto preocupa a la población mexicana, se extiende a lo largo y
ancho del territorio nacional. La población ya no confía en sus autoridades, a
pesar de que existen instancias para prevenir y atacar la corrupción.
Mientras
los actos de corrupción no se castiguen el problema no se erradicará. Su coalición
con el crimen organizado le da más poder, un reflejo claro de un mal gobierno.
Desafortunadamente la corrupción está muy arraigada a las instituciones de la
Administración Pública.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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