Normatividad para evaluación de políticas públicas
Introducción.
El
artículo 134 Constitucional establece se debe realizar una evaluación del
resultado del ejercicio de los recursos públicos a cargo de instancias técnicas
que establezca la federación y las entidades federativas, a fin de constatar
que los recursos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez (DOF, 2026, p. 160).
Así
mismo, el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, habla de
la publicación del programa anual de evaluaciones de los entes públicos, así
como de la publicación de los resultados y de las instancias evaluadoras (DOF,
2026, p. 29).
El
artículo 2 Fracción LI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece lo que es el Sistema de Evaluación para el Desempeño.
Es
de suma importancia constar con instancias autónomas que realicen el proceso de
evaluación para vigilar el uso de los recursos públicos con independencia
técnica para evitar que se emitan dictámenes bajo presión política o
partidista, para poner un freno al abuso de poder y generar confianza pública
al verificar de manera imparcial los resultados de la gestión del gobierno. De
esta manera se detectan desvío de fondos o anomalías en el gasto que los
órganos internos de control podrían minimizar o en su defecto, ocultar.
Contar
con un marco normativo sólido para llevar a cabo la evaluación del gasto
público permite cumplir los mandatos constitucionales en materia de auditoría y
evaluación de desempeño financiero, además de que permite la estandarización de
procesos en la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno. De igual
manera, se permite la vinculación de manera directa con la planeación y
asignación futura del presupuesto, pero sobre todo, establece responsabilidades
y castigos para acciones del manejo ineficiente o ilegal de la hacienda
pública.
Instancias evaluadoras y el marco legal
de la evaluación en México.
La
evaluación de los recursos públicos resulta estratégica para las
administraciones. Evaluar los recursos públicos permite la mejora en la calidad
de bienes y servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, así como perfeccionar
los procesos de gestión de programas y proyectos, tal como lo indican Santana
& García (2025, p. 33).
La
evaluación es la penúltima parte de 7 pasos del Ciclo Presupuestario, donde se
analizan las recomendaciones y hallazgos derivadas de las evaluaciones y se
definen los aspectos susceptibles de mejora (Transparencia Presupuestaria,
2026). Esta etapa inicia con el Programa Anual de Evaluación (PAE),
determinando el programa o política a evaluar y el tipo de evaluación a
aplicar.
Con
la finalidad de conocer las instancias evaluadoras de las políticas públicas en
México y las disposiciones legales que las norman, se presenta el siguiente
afiche.
https://canva.link/nnryq7u7p5kvty3
Conclusiones.
La
importancia de evaluar los programas y políticas públicas es que permiten
identificar áreas de mejora y poder establecer acciones después de la identificar
una debilidad o falla en el diseño de implementación, para lograr la eficiencia
y toma de decisiones mejor informadas.
Así,
con los resultados de la evaluación se puede decidir el dinero que se debe
asignar a los programas a partir de los resultados que se obtuvieron, si se le da
continuidad, si se aumenta el presupuesto o se mantiene igual. Así mismo, sirve
para valorar los procesos de planeación, operación, gestión, estructura y
seguimiento de los programas.
Contar
con un marco legal para llevar el proceso de evaluación y transparentar la
gestión gubernamental es de suma importancia pues define de manera obligatoria
las reglas para poder realizar el ejercicio del gasto, contribuyendo a la
reducción de la corrupción, presentar la contabilidad de manera estandarizada y
cumplir con la rendición de cuentas ante la sociedad.
Con
ello se obliga a los gobiernos a abrir datos para que se revise el gasto en
plataformas abiertas; armoniza la contabilidad de las instituciones; castiga a
funcionarios que ocultan información financiera o manejan fondos sin
autorización y facilita la participación ciudadana en el control del dinero que
se destina a obras y servicios.
Las
instancias evaluadoras son factor clave para el control del presupuesto,
asegurando el uso correcto de los recursos públicos, miden la eficiencia de los
programas y proyectos, garantizan la transparencia evitando el uso indebido de
los recursos públicos; comprueban si los programas y obras públicas realmente
contribuyen a la mejora social y al detectar fallas, logran corregir el destino
del gasto y tomar mejores decisiones para presupuestos venideros.
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