Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Introducción.
En
México la transparencia y acceso a la información se consideran dos pilares
fundamentales para que exista la democracia, pues son herramientas que permiten
a la ciudadanía conocer las acciones realizadas por el Gobierno y poder
fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Las
instituciones públicas tienen la obligación de hacer visibles sus actos, decisiones
y el ejercicio de los recursos públicos bajo principios de claridad y accesibilidad.
Los
ciudadanos tienen el derecho de buscar, solicitar, difundir y recibir
información por parte de los organismos de los tres poderes del Estado que
reciben y ejercen recursos públicos.
Las
autoridades deben rendir cuentas, explicando e informando a la ciudadanía los
resultados de su gestión y el ejercicio del presupuesto.
Como
estudiantes es necesario reconocer la normatividad en materia de derecho al
acceso de información, las funciones de los organismos públicos y las
obligaciones que tienen de dar máxima publicidad para transparentar sus
acciones y rendir cuentas a la ciudadanía.
Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información.
Que
un gobierno sea transparente significa que se dé a conocer cómo actúa el
gobierno y que se hagan visibles sus acciones. Tal como lo indica Jiménez (s.f.
pp. 5), un gobierno transparente es un gobierno abierto.
Rendir
cuentas y tener derecho al acceso de la información pública, es un derecho
garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establecido en el artículo 6º, por lo que el Estado tiene la obligación de
difundir el ejercicio de los recursos públicos.
Con
la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental en 2002 (que cambia en 2015 a Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información), se garantiza el derecho al acceso a la información
pública en posesión de cualquier entidad o autoridad que reciba y ejerza recursos
públicos federales.
El
derecho al acceso de información y transparencia tiene que ser utilizado por
los ciudadanos para pedir cuentas referentes a las diversas actividades que
vienen desarrollando las instituciones gubernamentales en los tres órdenes de
gobierno, por lo que la ciudadanía se convierte en una especie de auditor y
fiscalizador de todo lo que se hace en el ámbito público, para poder valorar el
desempeño de los que trabajan al servicio del Estado.
El
acceso a la información pública permite a la ciudadanía participar en los
asuntos políticos y poder monitorear las acciones del Estado para que la
gestión pública se realice de manera transparente (OAS, 2013, p. 3).
En
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se establecen los
principios, las bases generales y los procedimientos para garantizar el derecho
que tienen cualquier persona de acceder a la información que está en posesión
de las autoridades y entidades públicas.
Por
lo que los sujetos obligados, es decir, las autoridades de los tres poderes de
gobierno, los órganos autónomos, partidos, fideicomisos y cualquier entidad que
reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad; tienen la obligación de
publicar de manera permanente toda la información fundamental referente a
presupuestos, remuneraciones y contratos en los medios electrónicos de manera
proactiva.
El
Portal de Transparencia Presupuestaria es una plataforma digital a cargo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que muestra en qué se gastan los
recursos públicos en México, para transparentar o informar a los ciudadanos
sobre el manejo de los recursos públicos, en una manera que sea fácil de
entender, para que la ciudadanía pueda vigilar las obras, programas sociales y
presupuestos ejercidos.
La
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información permite a cualquier
ciudadano solicitar y obtener información pública de una manera accesible y sin
necesidad de que tenga qué justificarse el uso que le dará. Lo que significa
que regula el derecho fundamental de acceso a la información pública, fijando
los procedimientos para ejercerlo, garantizarlo, y definir las excepciones
correspondientes a la información reservada o confidencial.
Promueve
así la transparencia al fomentar una cultura de gestión pública abierta y
facilitar el control ciudadano al permitir dar seguimiento a la gestión del
Estado y al uso de los recursos públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas
al obligar a las autoridades a que respondan de forma clara, oportuna y veraz
sobre sus acciones.
Conclusiones.
Es
fundamental que en un sistema democrático todas las personas tengan el derecho
de pedir y recibir información la cual les permita participar en los asuntos
que son públicos y poder monitorear los actos realizados por el Estado para
asegurar que la gestión pública se realice de manera transparente y responsable
y poder lograr que las acciones que realizan verdaderamente respondan a las
necesidades de la población.
El
derecho al acceso de la información pública, jurídicamente se reconoce como un
derecho fundamental e instrumental, reconocido a nivel internacional así como
regional. Es además, un instrumento para promover la participación ciudadana,
contribuyendo a fortalecer la democracia.
El
acceso a la información es una herramienta clave que permite fomentar la mayor
eficiencia y eficacia de todas las acciones del Estado y en especial en el
manejo de los recursos públicos; promueve mayor responsabilidad en el respeto
de los derechos individuales y mejor atención a las necesidades y demandas
públicas.
Referencias.
DOF.
(20-03-2025). Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información. Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
Jiménez,
J. B. (s.f.). El Derecho al Acceso a la
Información Pública y Transparencia. UAPA. UANAM. https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2720/mod_resource/content/1/UAPA-Derecho-Acceso-Informacion-Publica-Transparencia/index.html
OAS.
(2013). El acceso a la información
pública: un derecho para ejercer otros derechos. Departamento para la Gestión
Pública efectiva. Canadá. https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf
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