Normas para la fiscalización de los recursos públicos

 

INTRODUCCIÓN

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones tienen la responsabilidad de administrar y ejercer los recursos públicos de manera eficiente y transparente, respetando el marco normativo aplicable a la administración pública.

Toda entidad ya sea federal, estatal o municipal, está sujeta a acciones de supervisión y fiscalización para verificar que cumplan con la normativa aplicable en materia de ingresos, egresos, deuda pública, transparencia y debida rendición de cuentas.

La fiscalización tiene como objetivo principal detectar el fraude fiscal, actos de corrupción, desvío de recursos públicos y además, el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que están sujetas las entidades públicas.

Esta fiscalización se lleva a cabo por parte de Órganos o Instituciones como son la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Órganos Superiores de Fiscalización de las Entidades Federativas, las Secretarías Estatales encargadas del control interno en las Entidades Federativas, Órganos Internos de Control de las Dependencias Estatales y/o Municipales (OIC’s).

La presente actividad tiene la finalidad de identificar la normatividad vigente y aplicable a los servidores públicos en materia de fiscalización de los recursos públicos a nivel federal, así como las autoridades encargadas de la fiscalización.

 

  

SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES FISCALIZADORAS Y MARCO NORMATIVO

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de realizar un adecuado ejercicio de los recursos públicos y dar resultados de su acción gubernamental, por lo que la transparencia y rendición de cuentas es un mecanismo para dar a conocer a la ciudadanía los resultados del quehacer gubernamental.

Para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, existen diversas normativas para los procedimientos que llevan las entidades públicas con el objetivo de salvaguardar esos recursos que están destinados a lograr el bienestar de la sociedad.

Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta en su artículo 74 a la Cámara de Diputados para hacer una revisión de la cuenta pública y a la Auditoría Superior de la Federación para realizar procesos de fiscalización contemplados en su artículo 79. El Sistema Nacional Anticorrupción realiza función de fiscalización y control de los recursos públicos, tal como se establece en el artículo 113 constitucional (DOF, 10-04-2026).

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene como objetivo revisar y fiscalizar la Cuenta Pública o aquellas situaciones irregulares que se denuncien a través de la Auditoría Superior de la Federación (DOF, 20-05-2021). Proceso que se encuentra establecido en el Título Segundo y al que deberán entregar informes de las auditorías realizadas (artículos 35 y 36) y la fiscalización realizada, la cual se estipula en Título Tercero.

Todos los delitos por hechos de corrupción se encuentran establecidos en el Título Décimo del Código Penal de la Federación, y los actos administrativos a los que sean sometidos los servidores públicos se establecen en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos (DOF, 14-11-2025), conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 2, 7 y al incumplimiento de obligaciones establecidas en el Título Tercero de la ley (DOF, 15-12-2025).

Las normas que regulan el proceso de fiscalización en México son de suma importancia para poder regular la actuación de los servidores públicos, y de ser el caso, imponer sanciones con la finalidad de que éstos se apeguen a las leyes (Martínez, s.f. pp. 3). La fiscalización es un medio de control para enfrentar la corrupción, la cual se manifiesta en diferentes acciones del servidor público al ejercer el recurso público.

En México existe una dependencia encargada de corregir y prevenir acciones de corrupción (Presidencia de la República, 2024, pp. 7), para que el gasto público se ejerza de manera transparente. Anteriormente, se llamaba Secretaría de la Función Pública y que en la actualidad lleva por nombre Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; más que modelo correctivo, se enfoca en la prevención del delito, en la modernización administrativa, la transparencia y la participación ciudadana, de tal manera que se garantice una gestión pública eficaz, bajo honradez, integridad y rectitud, que sea transparente y que permita la rendición de cuentas para generar confianza y satisfacción de la ciudadanía.

Así mismo, la Auditoría Superior de la Federación, quien es un órgano técnico que pertenece a la Cámara de Diputados, se encarga de fiscalizar los ingresos, egresos y deuda pública, así como investigar las irregularidades y conductas ilícitas en el manejo de los recursos, coadyuvando al combate contra la corrupción, al realizar la revisión del ejercicio de los recursos públicos en las diferentes entidades de gobierno de los tres niveles para dar cumplimiento a los programas y proyectos que son financiados con recursos públicos, tal como lo indica México Evalúa (2020, pp.1).

Por su parte, los Órganos Internos de Control, tal como lo refiere Contraloría y Transparencia Gubernamental (2026, pp. 1); son instancias que tienen a su cargo el prevenir, investigar, fiscalizar y sancionar aquellos actos u omisiones realizados por los servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública y que son considerados responsabilidades administrativas; además previenen la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y que se cumpla la legalidad.

La fiscalización de los recursos públicos tiene gran importancia para el desarrollo sostenible del país, pues al hacer una supervisión del gasto gubernamental, se comprueba que los recursos públicos se utilicen de acuerdo a la ley, se promueve la transparencia para que la ciudadanía conozca hacia donde se destina el presupuesto producto de los impuestos que paga, exigiendo así, rendición de cuentas y mayores resultados a sus gobernantes.

Aún queda mucho por hacer en el tema de transparencia de los recursos públicos pues existe mucho abuso de poder y del dinero público, no se castigan las acciones ilícitas de los servidores públicos que cometen actos de corrupción y sobre todo, la gestión que se realiza no es de manera honesta y eficiente.

Tal como lo refiere Mexicanos Contra la Corrupción (2025), son muchos los servidores públicos que hacen mal uso de los recursos públicos y que no reciben sanciones penales, como es el caso del huachicol fiscal en las dos últimas administraciones. Aunque se presume de querer acabar con la corrupción, la realidad es que se le ha dado cabida más que nunca a actos como el desvío de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable, irregularidades en contrataciones públicas, etc. que no han recibido las respectivas sanciones penales.

 

 

CONCLUSIONES

Vigilar el uso y ejercicio del gasto público para evitar la corrupción en el sector público y mantener un sano equilibrio de la gestión financiera. Las entidades que hacen uso de recursos públicos tienen la obligación de rendir cuentas y poder evaluar los resultados de su gestión.

La fiscalización de los recursos públicos como mecanismo de rendición de cuentas, garantiza que el dinero se gaste para lo que se ha autorizado, que es en favor de las necesidades de la sociedad. De tal manera que se realice con apego a la ley y bajo principios de austeridad, honradez, eficiencia, eficacia y economía.

Por lo que existen diferentes instancias que se encargan de verificar el control del gasto público y garantizar el bien común, para que se cumplan las metas y objetivos de la política pública.

Instancias como la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los Órganos Internos de Control, buscan resolver la falta de transparencia de los recursos y lograr una equidad en la administración de las finanzas públicas, combatir la corrupción, lograr la transparencia y rendición de cuentas, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Sin lugar a dudas, la fiscalización como pieza clave para el combate a la corrupción, tiene el poder de exigir la rendición de cuentas de la gestión de los fondos públicos así como el desempeño de las instituciones públicas y lograr un control de los recursos, aplicación de leyes y códigos de conducta de servidores públicos.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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