Análisis de Caso: "Clasificación e impacto de programas públicos en México"

 

Introducción.

El diseño institucional de un programa público y la correcta clasificación técnica de un programa son indispensables para garantizar la viabilidad técnica y sostenibilidad financiera del presupuesto, ya que tienen como cimiento técnico y legal herramientas como la Metodología del Marco Lógico (MML) y el Presupuesto Basado en Resultados (PbR).

Es importante que se haga un diagnóstico para identificar el problema público, precisar su magnitud y la población objetivo a la que está dirigido. Los objetivos del programa deben tener conexión directa con los planes de desarrollo tanto a nivel nacional, estatal o sectorial. Por lo que debe definirse de manera clara cuál es su fin, su propósito, sus componentes y las actividades a realizar con indicadores que puedan ser verificables.

La asignación de responsabilidades a las unidades ejecutoras debe ser clara en lo operativo y lo legal en sus reglas de operación, para garantizar la viabilidad operativa de ofrecer bienes y servicios para mejorar la condición de la población atendida.

Así mismo, se prioriza la asignación de recursos para que las intervenciones se hagan conforme a eficacia y costo-eficiencia, para garantizar un financiamiento estable y permanente y la rendición de cuentas. Por lo que es necesario realizar evaluaciones tanto de diseño como de impacto para poder reasignar, mantener o cancelar programas que resulten ineficientes.

Etapas de una política pública.


La coordinación de las diferentes instituciones gubernamentales es fundamental para evitar soluciones aisladas, reducir las brechas de desigualdad de manera estructural y participativa, por lo que el enfoque integral de las políticas públicas es utilizado por el gobierno como una estrategia para analizar y atender la problemática social en dimensiones económicas, sociales, ambientales y educativas.

De tal manera que una política púbica pasa por diferentes etapas o fases que permiten formular una agenda desde que se detecta el problema social y en el que el gobierno decide atender de forma oficial, analizando el problema, planificando soluciones y metas por medio de la formulación y diseño; toma la decisión de aprobar la propuesta por medio de leyes y normas para realizar su implementación donde se ponen en marcha recursos, presupuestos y acciones concretas para al final realizar una evaluación donde se midan los resultados y constar si el problema fue resulto o se mejoró la problemática social.

Las políticas públicas como estrategias de coerción gubernamental para resolver los problemas sociales, se clasifican principalmente en cuatro tipos: regulatorias, distributivas, redistributivas y constituyentes de acuerdo con Cervantes (2018, p. 30).

1.    Regulatorias: Están orientadas a regular conductas deseadas o no deseadas, es decir, que tienen enfoque conductual en las decisiones de la población o ciudadanía.

2.    Distributivas: Están orientadas a la prestación de bienes y servicios públicos como es la seguridad, salud y educación.

3.    Redistributivas: Están orientadas a recaudar para entregar a otros en condición de pobreza y vulnerabilidad por medio de programas sociales.

4.    Constituyentes: Están orientadas a modificar la organización del Estado (descentralización o federalización).

Por lo que hay tres tipos de políticas:

1.    De tipo Social: Orientadas a aliviar la pobreza y necesidades básicas en aspectos como la salud, educación y vivienda.

2.    De tipo Económico: Orientadas al manejo de la hacienda pública y finanzas del Estado, abarcando aspectos fiscales, monetarios o cambiarios.

3.    De Gestión: Orientadas a resolver problemas de organización y operación, abarcando aspectos como la planificación del gasto y gestión financiera, servicio civil y relaciones laborales, presupuesto y recaudación, organización y métodos, auditoría y evaluación.

Existe una clasificación técnica de acuerdo a los siguientes tipos:

1.    Por su proyección temporal: Que son políticas de Estado y de Gobierno. En las primeras las decisiones trascienden varias administraciones gubernamentales y en las segundas,  obedecen a un plan de gobierno y están sujetas al periodo de mandato.

2.    Por su nivel de coordinación: Contemplan las políticas sectoriales o aplicadas a un solo sector; multisectoriales que son influidas por varios sectores y las transectoriales, que se encuentran transversalmente en los diferentes sectores del gobierno.

3.    Por su nivel de gobierno: Contemplan las políticas nacionales que tienen eficacia a nivel nacional y conforman la política general de gobierno; las regionales que sólo se aplican al espacio de jurisdicción y las locales, que corresponden a las municipalidades.

Una vez que se establece cómo resolver el problema, con qué actores, bajo qué reglas y con qué recursos se resolverá la problemática, deben cumplir con cuatro etapas: inclusión de la agenda pública, decisión y programación, implementación y evaluación.  

Para aplicar las tipologías propuestas por Adolfo Cervantes, se realizará un caso práctico donde se analice el programa gubernamental “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” para identificar su estructura, clasificación y sus implicaciones financieras.

Análisis de caso: “Clasificación e impacto de Programas Públicos en México.”

Ficha de identificación del programa:

Programa

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Clave presupuestal

S176

Modalidad

S  Sujeto a reglas de operación

Dependencia a cargo

Secretaría de Bienestar

Población objetivo

Personas adultas mayores de 65 años o más en todo el país, mexicanas por nacimiento o naturalización

Tipo de apoyo

Económico, directo y sin intermediarios

Objetivo general

Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social

Cobertura

Nacional

Características de los servicios del programa

Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores para mejorar las condiciones de vida, disminuir las carencias sociales, permitiendo el acceso a la protección social.

Monto del Beneficio

$6,400.00 bimestrales

Medio de pago

Tarjeta de Banco Bienestar

Presupuesto aprobado

$526,508,000,000.00

No. de unidades responsables

33

Periodo de vigencia

Permanente

 

Marco de la política:

La política pública es de tipo Social ya que está dirigida a contribuir el bienestar de las personas adultas mayores permitiendo el acceso a la protección social y otorgando una pensión no contributiva de manera bimestral, tal como se encuentra establecido en el artículo 4 Constitucional párrafo décimo octavo, donde se garantiza que el Estado destine los recursos suficientes para su cumplimiento. Así mismo, las reglas de operación se encuentran establecidas por la Secretaría de Bienestar.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, obliga a la Federación, Entidades y Municipios a garantizar el bienestar y protección social de los Adultos Mayores.

Surge en la Ciudad de México en 2001 como medida piloto con la finalidad de proteger a un sector vulnerable y sin seguridad social formal. En 2003 se crea como “Programa de Atención de Adultos Mayores en Zonas Rurales”, en 2007 surge el programa “70 y más”, en 2013 cuando cambia a “Pensión para Adultos Mayores” y en el año 2019 se crea como pensión universal con el nombre de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El apoyo consiste en un ingreso monetario directo con el fin de mitigar la pobreza y las carencias sociales de gran parte de la población mayor.

En la actualidad pasó de ser un programa asistencial condicionado a un derecho exigible el cual es respaldado por el Estado. Se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo en su Eje general 2 Desarrollo con Bienestar y humanismo. Se alinea con el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030 en su objetivo 1. Contribuye con los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030, objetivos 1, 2 y 10.

Tipo de política y tipología:

Es una política pública de tipo social y con tipología redistributiva ya que el Estado recauda de la ciudadanía impuestos para poder ofrecer programas sociales a quienes viven en situación de vulnerabilidad y pobreza, beneficiado a un sector de la población de 65 años en adelante y por medio de la coerción del Estado en cuanto a mandatos constitucionales y reglamentos de bienestar social.

Análisis presupuestario e impacto financiero:

El programa tiene un presupuesto de la federación que es anual por la cantidad de $526’508’000,000.00 para destinarse a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los 32 Estados y 1Unidad para la Protección de Grupos Prioritarios. Durante el primer trimestre del año se han otorgado $171’030’762,176.60 y no hay información correspondiente al segundo trimestre.

Recibe subsidios del Ramo 20 de Bienestar donde las entidades federativas destinan recursos para atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y marginación.

Las reglas de operación del programa son: cumplir la edad mínima de 65 años o más dentro del bimestre de incorporación, ser mexicano por nacimiento o naturalización, presentar identificación, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto para realizar su registro; el monto del apoyo se entrega de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco de Bienestar de acuerdo a la letra del primer apellido del beneficiario, puede haber suspensión temporal y hasta baja definitiva cuando no se realice el cobro durante dos bimestres consecutivos.

Debido al rápido envejecimiento demográfico del país, resulta ser un desafío presupuestario constante para las finanzas públicas. Además que es necesaria la supervisión en el proceso de registro, ya que se presume de un programa en beneficio de personas no contributivas, sin embargo, el apoyo se otorga a todos los adultos mayores de 65, incluyendo a los que tienen una pensión derivada de su retiro laboral, por lo que el presupuesto para el programa será insostenible a largo plazo.

  

Conclusiones.

El marco institucional y la tipología de un programa son importantes para determinar la forma en que se deben fiscalizar y comprobar sus recursos financieros ya que definen las reglas legales, lo objetivos que se pretenden y los actores involucrados. Ahí es donde se establece qué es lo que se va a auditar, bajo qué criterios de cumplimiento, determinar qué evidencias son de validez para poder comprobar el uso de manera correcta y con legalidad de los recursos públicos.

Es de suma importancia definir qué atribuciones tienen las entidades fiscalizadoras y límites del ente auditado, así como las leyes y normativas referentes a presupuesto, adquisiciones y contabilidad gubernamental que son obligatorias para los entes públicos.

Determinar la tipología del programa permite conocer el destino de los recursos ya sea para subsidios sociales, obra pública, gasto corriente o inversión, así como fijar los criterios de elegibilidad, los padrones de beneficiarios y metas físicas de manera específica; y sobre todo, los mecanismos de ejecución.

Es importante comprender que el dinero de la pensión no resuelve del todo los problemas de salud, abandono o falta de movilidad; aparte del apoyo monetario, es necesario que haya acceso garantizado a medicamentos y atención geriátrica.

Elevar el programa a rango constitucional otorga certidumbre presupuestal tras los cambios de gobierno cada sexenio, pero también, con el aumento de cobertura y el rápido envejecimiento de la población, existe presión en las finanzas públicas, por lo que se debe realizar una adecuada reforma recaudatoria.

 

Bibliografía.

Bellia, L. (2023). La importancia de las políticas públicas en México. Universidad Anáhuac Puebla. https://puebla.anahuac.mx/educacion-continua/blog/la-importancia-de-las-politicas-publicas-en-mexico

Cervantes, A. (2018). Enfoque integral de las políticas públicas. Cuadernos para el fortalecimiento de la sociedad Guerrerense. 1a Edición. Secretaría General de Gobierno. http://i.administracion2015-2021.guerrero.gob.mx/uploads/2020/02/Politicas-15X105.pdf

DOF. (12-02-2026). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el ejercicio fiscal 2026. Secretaría de Bienestar. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1056925/ROPS_PAM_26.pdf

DOF. (02-06-2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Méndez, J. L. (s.f.). Definición y etapas de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica. https://estadoypoliticaspublicas.colmex.mx/definicion-y-etapas-de-las-politicas-publicas/

Secretaría de Bienestar. (2025). Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Gobierno de México. https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/pension-para-el-bienestar-de-las-personas-adultas-mayores-296817

Transparencia Presupuestaria. (2026). Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Bienestar. https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=20S176

 


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