El ejercicio del gobierno
INTRODUCCIÓN.
El
nuevo modelo de Gobernanza Pública busca direccionar al gobierno de las
entidades públicas hacia un gobierno de la sociedad, donde se busquen valores
democráticos y se aseguren las garantías individuales de los ciudadanos,
buscando respetar los derechos de la ciudadanía, ofreciendo bienes y derechos
que sean tangibles, que cambien, mejoren y perfeccionen las condiciones de vida
en el plano personal y familiar en sociedad.
Es
importante que se sigan principios y códigos de conducta por parte de los altos
ejecutivos públicos que lleven la conducción de las organizaciones públicas a
su cargo.
Esto
sin lugar a dudas da paso a mejorar las relaciones entre el gobierno con la
sociedad civil y con las instituciones. La administración pública debe
encaminar su accionar conforme a códigos de ética, llevar una buena
organización en toda la estructura funcional y respetar los principios y
lineamientos de acción en el ejercicio del gobierno.
A
pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por reformar las normativas,
estos no han sido los suficientemente extensos ni se han consolidado, para que
puedan influir de manera positiva en la percepción que tienen los mexicanos
sobre los avances desarrollados a favor de la transparencia y el combate a la
corrupción.
La
Secretaría de la Función Pública, conforme a mandato constitucional, emprende
estrategias de forma transformadora y corresponsable con la sociedad, que
permitan renovar el diseño del modo funcional de las instituciones públicas y
la manera como se vinculan con la ciudadanía, que permita también la
consolidación de un gobierno eficaz y eficiente que rinda cuentas de manera
efectiva y clara, y que ayude a combatir la corrupción, promoviendo así, el
apego a la legalidad que le permita contar con el respaldo y confianza de la
ciudadanía.
La
presente actividad tiene la finalidad de relacionar los principios de ética con
los lineamientos que deben seguir los servidores públicos dentro de la
administración pública en México.
EL EJERCICIO DEL GOBIERNO.
Tomada de Gobiérnate A. C. (2014).
Hoy
en día y en todo el mundo, se buscan estrategia basadas en el ámbito privado
que permitan mostrar y atender vías de solución que permitan resolver la
problemática de gestión en la administración pública.
Los
componentes del modelo de gobierno abierto, basados en la transparencia,
rendición de cuentas y participación social, y combate a la corrupción,
encaminan hacia la gobernanza, como una nueva forma de interacción entre el
gobierno, la sociedad civil y particulares; que de paso a una relación más
abierta y horizontal, con más y mejores capacidades para resolver problemáticas
sociales, que permitan enfrentar las condiciones que aquejan a la ciudadanía.
Este
nuevo modelo de gobierno abierto es una alternativa que permite acercar a los
ciudadanos a los procesos de toma de decisiones públicas, que busca una
transparencia democrática que permita una información completa y oportuna a la
ciudadanía, así como la mejora y promoción de la rendición de cuentas por parte
de los actores gubernamentales.
La
participación ciudadana contribuye a garantizar la mejora en las políticas
públicas, para que éstas sean más legítimas y eficaces y encaminen hacia a la
mejora de la responsabilidad de la administración pública, permitiendo mayor
colaboración entre los ciudadanos y el gobierno.
La
propuesta de la Alianza para el gobierno abierto en 2011, es una muestra de la
participación de organizaciones y agencias gubernamentales mexicanas, con el
objetivo de mejorar los servicios públicos, la ética en los servidores públicos,
lograr un manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos, mejorar la
seguridad y la rendición de cuentas. De esta manera el ciudadano puede vigilar
y controlar la información de toda acción de gobierno.
La
Administración Pública en México se encuentra estructurada de manera Federal,
Local, Municipal y Delegacional (hoy alcaldías de CDMX). Es decir, la
Federación, los 32 Estados y los 2, 444 Municipios hacen un universo de 3, 477
administraciones públicas. En su forma organizacional se divide en:
centralizada, descentralizada y paraestatal.
La
Administración Pública se distribuye en diversas áreas: Poder Ejecutivo
(presidente de la República y las Secretarías de Estado), Poder Legislativo (Diputados
electos) y Poder Judicial (Tribunales de Justicia); además de los Órganos Autónomos.
La
Administración Pública lleva a cabo la gestión de organismos, instituciones o
entes públicos mediante sistemas o procedimientos, políticas gubernamentales y
normas jurídicas que permiten gestionar y ejecutar los recursos humanos,
financieros, actividades socioeconómicas y de obras públicas, así como elaborar
presupuestos y programas que alcancen las metas y objetivos.
Los
cargos que se pueden desempeñar dentro de la Administración Pública son como
servidores públicos en el ámbito administrativo de los diferentes organismos
públicos; en el servicio de salud como médicos y enfermeras; en las áreas de
educación los maestros y profesores; en protección civil los bomberos; y en
seguridad pública, los organismos policiales.
La
Administración Pública tiene la finalidad de garantizar y proporcionar el
bienestar común de todos los ciudadanos como parte de sus obligaciones y
responsabilidades ante la población, por medio del servicio público.
Este
servicio público debe seguir reglas y lineamientos que regulen la manera en
cómo se vinculan con la ciudadanía, con el propósito de consolidar un gobierno
eficaz y eficiente, que rinda cuentas de forma efectiva, contribuya al combate
a la corrupción, promueva el apego a la legalidad y logre la confianza y
credibilidad del ciudadano.
Con
la finalidad de combatir la corrupción y fomentar la transparencia en la
Administración Pública, se establecen lineamientos y acciones concretas para
prevenir la corrupción, fortalecer los instrumentos jurídicos que permiten
aplicar sanciones efectivas y oportunas ante desviaciones y el mal desempeño de
los servidores públicos.
Por
lo que existen lineamientos generales para motivar la integridad de los
servidores públicos y para llevar a cabo acciones que favorezcan un
comportamiento ético; para lo que existe el Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal, el cual rige la conducta de los servidores
públicos que están al servicio de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Nuestra
forma de gobierno en México es democrática. Se basa en principios como el
respeto a la ley y los derechos humanos. La democracia, como forma de vida y de
organización de la sociedad, debe de aplicar valores como la pluralidad,
tolerancia, justicia social, equidad y libertad; para poder ejercer el poder
sin abusos (Carreón, 2020).
Con
la finalidad de evitar, inhibir y eliminar la corrupción dentro de la
Administración Pública, es necesario contar con normativas o Códigos de Ética
que conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en su fracción III y al artículo 7 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
permitan establecer los principios a los que debe apegarse todo servidor
público en el desempeño de sus funciones, cargo, comisión o empleo.
Estos
principios son:
ü Legalidad: El actuar de los servidores
públicos debe basarse en las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, hacer lo que las normas les confieren y someter su actuar a las
leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas.
ü Honradez: La conducta de los servidores
públicos debe obedecer a principios de rectitud, no permitiendo utilizar su
cargo, comisión o empleo para obtener beneficio, provecho o ventaja, ya sea
personal o a favor de terceros; o conseguir compensaciones, dádivas, obsequios
y regalos que les comprometa en sus funciones y ejercicio de su cargo,
cualquiera que éste sea, el cual debe desempeñarse con sentido de austeridad y
vocación de servicios.
ü Lealtad: Deben corresponder a la confianza
que les confiere el Estado, tener una vocación absoluta de servicio a la
ciudadanía y satisfacer el interés de las necesidades colectivas por encima de
intereses particulares o personales o que afecten el bienestar de la población.
ü Imparcialidad: Deben dar el mismo trato a
todos los ciudadanos por igual, sin conceder privilegio alguno o preferencias
hacia organizaciones o personas. No deben permitir que intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para la toma de decisiones o el ejercicio de
sus funciones de manera objetiva.
ü Eficiencia: Deben de actuar bajo una cultura
de servicio que esté orientada al logro de resultados y procurar en todo
momento un mejor desempeño de sus funciones que le permitan alcanzar las metas
institucionales de acuerdo a sus responsabilidades. Debe de hacer un uso
correcto y claro de los recursos públicos.
De
igual manera los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, cargo,
comisión o empleo, deben seguir valores, los cuales se encuentran establecidos
en el Capítulo III del mismo Código de Ética, los cuales son:
ü Interés Público: Deben buscar en todo
momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad.
ü Respeto: Deben conducirse con austeridad y
sin ostentar su cargo; deben otorgar un trato digno y cordial a las personas en
general y a sus compañeros de trabajo
con eficacia e interés públicos.
ü Respeto a los Derechos Humanos: Deben de
respetar los derechos humanos con base a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
ü Igualdad y no discriminación: Deben prestar
sus servicios sin distinción a todas las personas por igual, sin excusión,
restricción o preferencia alguna.
ü Equidad de Género: Deben garantizar el
acceso tanto a hombres como mujeres, en las mismas condiciones, posibilidades y
oportunidades a todos los bienes y servicios públicos, programas y beneficios
institucionales, empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
ü Entorno Cultural y Ecológico: Deben de
evitar la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los
ecosistemas; respetar, defender y preservar la cultura y el medio ambiente;
promover en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio
ambiente.
ü Integridad: Deben de actuar de manera
congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de sus
funciones, empleo, cargo o comisión y ajustar su conducta a la ética que genere
certeza frente a todas las personas con las que se le vincule u observe su
actuar.
ü Cooperación: Deben colaborar entre sí y
propiciar un ambiente de trabajo en equipo que permita alcanzar los objetivos
de los planes y programas gubernamentales, generando vocación de servicio
público y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
ü Liderazgo: Deben de ser guía, ejemplo y
promotores del Código de Ética y de las Reglas de Integridad, para fomentar y
aplicar los principios constitucionales y la ley les imponen en el desempeño de
sus funciones; aplicar también los valores adicionales intrínsecos a la función
pública.
ü Transparencia: Deben de proteger los datos
personales que estén bajo su custodia, deben respetar el principio de máxima
publicidad de la información pública y atender los requerimientos de acceso,
proporcionar y difundir la información gubernamental, para promover un gobierno
abierto y generar valor a la sociedad.
ü Rendición de Cuentas: Deben de asumir la
responsabilidad ante la sociedad y las autoridades de informar, explicar y justificar
sus decisiones y acciones, sujetándose a un sistema de sanciones, de la
evaluación y escrutinio público por parte de la ciudadanía del desempeño de sus
funciones.
La
Administración Pública debe trabajar en coordinación para cumplir con sus
responsabilidades que dicta la normativa, no permitiendo que su actuar de paso
a actos de corrupción o ser cómplice por acción y omisión; pero sobre todo,
aplicar la ley y las sanciones a todos aquellos que cometan actos ilícitos y
hacer valer las normas y procedimientos del actuar de los servidores públicos para
evitar el abuso del poder (Merino, 2015).
Se
debe de llevar un actuar con inteligencia institucional, que permita atacar
actos ilícitos, a los corruptos y a las causas de la corrupción.
CONCLUSIONES.
Las
actividades que realiza la administración pública para satisfacer las
necesidades colectivas de manera indirecta o directa, permiten al Estado
alcanzar sus propios fines.
Su
misión más importante es realizar procesos para cumplir la política
gubernamental; conservar el orden material y jurídico que regulan las
actividades estatales y de los particulares; proteger y promocionar todo lo que
pueda favorecer el bien comunitario, el desarrollo de obras y servicios
públicos; proteger los recursos humanos, la organización y administración de
los bienes del Estado.
La
Administración Pública tiene diferentes enfoques que van desde la disciplina,
como proceso, como titular de servicios, y la administración ya sea Central,
Federal o Paraestatal.
La
Administración Pública está al servicio de todos los ciudadanos y sigue
lineamientos y se fundamenta en principios como honestidad, participación,
celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en
el ejercicio de la función pública que vaya en apego a la ley y al derecho.
Para
poder ofrecer una administración púbica de excelencia, es necesario que también
el gobierno cambie y mejore las estrategias de cómo gobierna a la sociedad y
como se gobierna así mismo. Esto sin lugar a dudas permitirá una mejora en las
instituciones, en las facultades y atribuciones que tienen los políticos y los
servidores públicos para lograr una acertada toma de decisiones.
El
gobierno del gobierno, como le llama Aguilar Villanueva, es el proceso de
dirigirse así mismo, de tal manera que pueda planificar y controlar sus
procesos. Lo cual lo convierte en un gobierno corporativo público, es decir,
tomar como base al ámbito privado y dejar de ser sólo un modelo de gobernanza
pública, de gobernanza o gobierno del sector público o de la administración
pública para lograr la gobernanza corporativa pública.
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